Los activistas exigen medidas para mejorar la vida de los vulnerables, en vez de otorgar un procedimiento para acabarla.
Activistas canadienses manifestaron su indignación contra la aplicación, en determinadas circunstancias, de la eutanasia debido a su práctica en personas en condiciones de pobreza que no presentan enfermedades terminales.
Dos casos ocurridos en las últimas semanas han exacerbado la preocupación de diversos especialistas a la puesta en práctica de la eutanasia como solución a casos de personas en condiciones de vulnerabilidad.
El primer caso corresponde a una mujer con sensibilidad severa a los productos químicos que ha solicitado durante años una vivienda donde pudiera permanecer libre de productos industriales mientras el segundo se trata de una joven en situación de discapacidad y en condiciones económicas vulnerables.
En este sentido, los activistas exigen una mayor intervención estatal para abordar los sectores vulnerables y brindarles una vida digna, en vez de otorgar un procedimiento para acabarla.
Por su parte, la doctora y especialista en asistencia, Chantal Perrot, señaló que: «La vivienda inadecuada no es uno de los criterios de elegibilidad para la asistencia médica a la muerte. Aunque las circunstancias de vida de alguien puedan contribuir a su sufrimiento, no constituyen la condición médica grave e irremediable, que debe existir”.
Las exigencias se producen en un contexto matizado por el cuantioso financiamiento del Gobierno de Canadá a Ucrania mientras disminuyen los gastos estatales para abordar los problemas sociales internos.
En 2016, procedimientos como la eutanasia y el suicidio asistido fueron aprobados, los cuales fueron ampliados en 2021 para personas con enfermedades mentales. Asimismo, las autoridades valoran permitir estos métodos en edades inferiores a los 18 años de edad.
