Las Fuerzas Armadas de Ecuador dijeron el martes que no permitirán que la protesta en rechazo a las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso atenten contra la democracia, mientras continúan los bloqueos en las vías y se planificaban nuevas manifestaciones.
Miles de indígenas marcharon el lunes en Quito para exigir a Lasso respuestas a sus diez pedidos que incluyen bajar el precio de los combustibles, ampliar plazos para pagar sus deudas financieras, limitar la expansión petrolera y aumentar el presupuesto para la salud y educación intercultural.
Lasso dijo el lunes que respondió a las demandas en una comunicación a los líderes indígenas. También amplió un decreto de estado de excepción, utilizando medidas de restricción, a seis provincias, desde las tres anteriores.
«Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República», dijo el ministro de Defensa, Luis Lara, en una declaración de prensa junto a jefes militares.
«Convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia», añadió, al señalar que detrás de la violencia de las protestas «está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada».
Lasso, quien asumió el cargo hace 13 meses, ha culpado repetidamente a las bandas de narcotraficantes por el aumento de la violencia en el país andino, incluidos los disturbios en las cárceles que han dejado cientos de muertos.
Los residentes de la capital se despertaron con algunas carreteras cerradas y la suspensión del transporte público. Las principales carreteras hacia Quito han sido bloqueadas desde que comenzaron las protestas.
El aeropuerto de la ciudad dijo que algunos vuelos nacionales e internacionales estaban siendo afectados.
Los manifestantes indígenas intentaron reunirse más temprano el martes en las inmediaciones de una universidad para nuevas protestas, pero fueron dispersados por la fuerza pública.
«Este levantamiento es por la pobreza y la desigualdad», dijo el martes el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. «Nadie está en contra de nadie, estamos en contra de la corrupción, de la injusticia que ha provocado un deterioro en la mayoría de la sociedad ecuatoriana».
Los subsidios a los combustibles le cuestan al gobierno unos 2.800 millones de dólares al año, según datos oficiales.
Ecuador ha dejado de producir más de 102.000 barriles de crudo, dijo el Ministerio de Energía en un comunicado. La estatal Petroecuador declaró el sábado fuerza mayor en sus operaciones.
Reporte de Alexandra Valencia / Editado por Marion Giraldo /Reuters