“Las noticias que llegan desde Nicaragua me han entristecido no poco, y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y pido vuestras oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen. [Ave María]”.
El arzobispo Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM), también ha expresado su solidaridad con la Iglesia de Nicaragua “en estos momentos de prueba y detrimento de los derechos de nuestros hermanos y hermanas”. El mensaje asegura la comunión fraterna “con quienes se encuentran injustamente privados de la libertad en Nicaragua, incluyendo a Mons. Rolando Álvarez y varios sacerdotes”. Por sus intenciones y por su pronta liberación, se ofrecerá la Eucaristía de apertura de la Asamblea Regional de Centroamérica-México de la Fase Continental del Sínodo, el lunes 13 de febrero, en la Catedral de San Salvador, donde se encuentran los restos de San Oscar Arnulfo Romero, Obispo y mártir por amor a los pobres y a la Iglesia. El Presidente del CELAM ha concluido con estas palabras: “Que la Virgen de La Purísima, patrona de los nicaragüenses, interceda por nuestros hermanos y hermanas, y los mantenga firmes en la esperanza, recordando la promesa de su Hijo: ‘Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres’ (Jn 8, 31-32). ¡Estamos con ustedes!”.
Asimismo, los Obispos de Chile, expresando su solidaridad y oración con la Iglesia nicaragüense, consideran que esta condena forma parte de un “procedimiento a todas luces injusto, arbitrario y desproporcionado contra el obispo Álvarez, el que además se suma a otras múltiples medidas aplicadas en los últimos meses contra fieles y organismos católicos”
“Todo esto – ponen de manifiesto los obispos chilenos – en medio de diversas restricciones a las libertades civiles y políticas y el acallamiento de las voces disidentes del régimen, que se ha expresado el día de ayer en el destierro de más de 200 nicaragüenses de su país”. Al finalizar su declaración, los obispos de Chile señalan: “lamentamos y rechazamos la situación que vive el obispo Álvarez y la Iglesia en Nicaragua, que atenta contra los derechos humanos, la dignidad esencial de la persona y la libertad religiosa. Pedimos al Señor que en todo nuestro continente seamos fieles en el anuncio del Evangelio y en el servicio a nuestros pueblos, mientras invitamos a toda la Iglesia en Chile a orar por la Iglesia y el pueblo nicaragüense”.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, en el norte de Nicaragua, fue condenado la noche del 10 de febrero a 26 años y 4 meses de cárcel, privado de derechos civiles perpetuamente, por negarse a abandonar el país junto con otros 222 presos políticos expulsados. Al obispo se le acusa de atentar contra la integridad nacional del Estado y de la sociedad nicaragüense, de difundir noticias falsas y de desacato a la autoridad. Monseñor Álvarez, de 56 años, se encontraba en arresto domiciliario desde el pasado mes de agosto. Desde hace tiempo, el régimen de Daniel Ortega ha tomado medidas represivas contra la Iglesia en Nicaragua, a la que considera no alineada con el poder.
Se han cerrado el canal de televisión de la Conferencia Episcopal y otros dos canales católicos, así como varias emisoras de radio católicas; se ha retirado la aprobación (agrément) del arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, obligándole a abandonar el país; se han prohibido procesiones y peregrinaciones; varios sacerdotes han sido detenidos bajo acusaciones falsas; se ha cancelado la personalidad jurídica de más de 100 ONG, entre ellas la asociación «Misioneras de la Caridad»; y las religiosas de la Madre Teresa han tenido que abandonar el país
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