La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, integrado por legisladores en su mayoría de oposición, aprobó con 13 votos a favor y ocho en contra la admisión a trámite de la denuncia constitucional presentada en octubre por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Tras este primer paso, la denuncia contra Castillo, que ha rechazado las acusaciones, debe ser debatido ahora por la Comisión Permanente del Congreso para decidir si procede o no iniciar una investigación contra el mandatario izquierdista.
Si el segundo filtro obtiene luz verde, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe convocar a Castillo para que ajerza su defensa, antes de emitir un informe final sobre si recomienda o no elevar la denuncia ante el pleno del Congreso, un proceso que podría demorar varias semanas, según analistas.
La oposición espera que la denuncia constitucional podría llevar a la suspensión de las funciones de Castillo con menos votos en el Congreso, controlado por legisladores de partidos de derecha, que una votación formal de destitución o vacancia.
Castillo, que enfrenta varios escándalos, ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en Legislativo desde que asumió al poder en julio del año pasado. El mandatario ha rechazado los presuntos hechos de corrupción y ha acusado a la Fiscalía y al Congreso de promover con la denuncia un «golpe de Estado».
Los abogados de Castillo afirman que la denuncia vulnera un artículo de la Constitución que señala que un Presidente no puede ser acusado durante sus funciones por delitos comunes, salvo por traición a la patria o por impedir las elecciones.
La decisión del Congreso ocurre a pocos días, el 20 de noviembre, de la llegada de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitada por el propio Castillo para realizar un análisis «objetivo» de la crisis.
Casi todos los presidentes de Perú se han visto involucrados en acusaciones de corrupción en las últimas tres décadas. Cuatro exmandatarios han enfrentado la cárcel, arresto domiciliario o tienen un proceso con una posible condena a prisión.
Marco Aquino
