La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer, plasmó en su libro Propuestas para el presente y el futuro de la economía en Venezuela, un conjunto de proposiciones sobre cómo recuperar el sector petrolero y minero del país.
Según Banca y Negocios, estas propuestas están fundamentadas en la necesidad de fortalecer las instituciones, promover un Estado de derecho transparente y ofrecer seguridad jurídica y protección de propiedad privada a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Entre las recomendaciones presentadas, destacan la instrumentación de reformas legales, regulatorias y económicas, la implementación de rondas de licitaciones transparentes y competitivas, la reestructuración de la deuda externa y la búsqueda de apoyo de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La academia también propone la disminución de la alta presión fiscal, la flexibilización de las sanciones financieras petroleras hacia el país y la generación de condiciones para que las empresas extranjeras tengan suficientes incentivos para realizar compras locales de bienes y servicios, además de contratar empleados, profesionales y técnicos venezolanos.
Los especialistas parten de la premisa de que sería irresponsable pensar que en el sistema político actual no vale la pena trabajar en recomendaciones para reconstruir la economía venezolana.
El objetivo no es imposible, hay varios precedentes al respecto, al igual que análisis y estudios, pero el tiempo corre en nuestra contra, la transición energética, pero sobre todo la crisis económica y social que padece Venezuela son elementos suficientes para actuar con premura”, versa el documento.
Propuestas para el presente y futuro de la industria petrolera
En el sector petrolero, especialistas proponen enfocar a Pdvsa en funciones medulares no operativas. Esto porque además de administrar la industria petrolera de Venezuela, Pdvsa también se encargaba de otras tareas como el desarrollo de la Misión Vivienda, Misión Ribas, asfaltado de las carreteras, importar y distribuir alimentos y medicinas, mantener estaciones de radio y televisión, trabajar en el sector minero, producir productos químicos derivados del petróleo, generar electricidad, entre otras cosas.
Cuando el expresidente Hugo Chávez incrementó su control sobre la estatal, Pdvsa concentró cada vez más sus operaciones en estas actividades no medulares, para las cuales destinó la planificación de su personal, ocupaciones y presupuesto. En consecuencia, la distrajo de su principal negocio: la producción y comercialización del petróleo.
De ahí parte la urgencia de elaborar un plan de captación y retención de personal para el rescate de la infraestructura petrolera, recuperar la industria del gas natural permitiendo su libre comercialización sin la imposición de precios subsidiados y explorar la posibilidad de ofrecer otros tipos de esquemas de asociación a las empresas privadas, además de las empresas mixtas.
Por otro lado, el estudio plantea la importancia de otorgar mayor autonomía a las empresas mixtas involucradas en la producción de petróleo, para generar un incremento en la producción petrolera y mejorar los convenios de asistencia técnica. Señala, además que es vital permitirles la comercialización de los crudos en los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Los especialistas sugieren, además, reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y derogar leyes que no se ajusten a las nuevas realidades del mercado energético mundial.
El artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, por ejemplo, obliga a que el gas que sea producido sea destinado al mercado nacional a precio subsidiado, lo que a juicio de los especialistas desaprovecha las ventajas comparativas que tiene Venezuela en cuanto a la producción de gas natural.
Propuestas para mejorar el sector minero
El rescate y reorganización del sector minero en Venezuela debe partir por el diseño de un Plan de Desarrollo Sustentable y Sostenible para Guayana que contenga un Plan Minero Nacional capaz de aprovechar los recursos de la región bajo criterios específicos de protección ambiental y racionalidad económica.
Una parte esencial de este objetivo es revisar y adecuar el marco jurídico minero ambiental. En principio, se debería derogar principalmente tres decretos:
El Decreto Nro. 2.165 sobre la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos porque el Estado debería tener una participación mínima de 55% en las empresas mixtas.
El Decreto 2.248 sobre la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO) en la que el Ejecutivo nacional autorizó la explotación de un área de 112 mil kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco que representa casi el 12% del territorio nacional que es territorio ancestral de al menos 190 pueblos indígenas.
Y la Resolución Nro. 0010 publicada en la Gaceta Oficial N° 6.526. Esta resolución autoriza la explotación de oro, diamantes y otros minerales estratégicos en el curso de seis ríos de la Amazonía venezolana, afluentes del Orinoco: Caroní, Caura, Aro, Cuyuní, Cuchivero y Yuriari.
Los especialistas sugieren identificar los delitos de ecocidio y violación de derechos humanos cometidos en Guayana y seguir documentando estas denuncias ante los organismos internacionales pertinentes.
Entre otras propuestas también destaca la ratificación del Convenio de Minamata por parte del Estado venezolano, pues este convenio tiene el objetivo de proteger al ambiente y la salud humana de las consecuencias del uso del mercurio. Material que, aunque está prohibido, es ampliamente utilizado en las actividades mineras en Guayana.
Los países que suscriben este convenio se comprometen, en teoría, a reducir el uso del azogue y brindar información sobre las emisiones y liberaciones de mercurio en sus respectivas naciones.
La academia también propone al Estado actualizar y materializar el Plan de Ordenamiento del Territorio de los Estados que conforman Guayana y cumplir con el artículo 129 de la Constitución en lo relativo a elaborar estudios de impacto ambiental y sociocultural a todo proyecto de desarrollo minero que se piense realizar.
Otros planteamientos son:
- Realizar una valoración económica de los recursos naturales en la región y en aquellas áreas donde se determine la posibilidad de desarrollar proyectos mineros, elaborar los correspondientes planes de prospección, exploración, escenificación, exploración y comercialización de minerales.
- Cuantificar los pasivos ambientales asociados a la minería.
- Identificar delitos de ecocidio y violación de derechos humanos cometidos en Guayana y documentar las denuncias entre organismos internacionales pertinentes.
- Fortalecer el sector educativo para la formación de especialistas en las geociencias.
- Refundar el Servicio Geológico Nacional.
Los índices de malestar social en la región Guayana evidencian que el modelo económico extractivista actual ha sido incapaz de generar desarrollo y bienestar humano.
La Encuesta de Bienestar Social desarrollada por el Centro de Estudios Regionales de la Ucab Guayana, por ejemplo, revela que Bolívar (uno de los tres estados que componen la Amazonía venezolana y que abarca los cuatro bloques del proyecto del Arco Minero) tiene indicadores de bienestar propios de sociedades que viven en carencia.
Se ubica en un promedio de 0.4 de valoración en una escala del 0 al 1 en la que el 1 es el nivel máximo de bienestar. Para contrastar, una sociedad con altos niveles de bienestar está por encima de 0,7.
Para el futuro, concluye la academia, se deben analizar los cambios en la matriz energética, crear un centro de investigación y desarrollo en temas de hidrocarburos, cambiar el esquema de subsidio a los combustibles y diseñar conjuntamente con universidades y centros de investigación líneas de investigación asociadas a tecnologías para el desarrollo minero, protección ambiental y desarrollo sustentable.
La universidad sentencia que para lograr la recuperación de la economía venezolana es necesario una profunda revisión del modelo de desarrollo del país, aprender de los errores del pasado y construir la voluntad política para emprender las reformas necesarias.
