La crisis social y política en Ecuador no se detuvo a horas de que la Asamblea Nacional no aprobara la destitución del presidente. El gobierno de Guillermo Lasso decretó por tercera ocasión el estado de excepción y ante las protestas ciudadanas. La medida abarca las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana.
El decreto presidencial argumenta la existencia de una “grave conmoción interna” en el país, en medio de las masivas protestas en contra del poder ejecutivo. En el territorio ecuatoriano se cumplen 17 días de paro nacional, movilización encabezada por los pueblos originarios. Lasso decretó la nueva medida de excepción por treinta días.
El gobierno ecuatoriano asegura que el decreto gubernamental busca entregar seguridad a la población, además de asegurar la provisión de alimentos, combustibles y otros servicios. El documento fija como zonas de seguridad las estructuras petroleras en Orellana y Sucumbíos. El texto también autoriza a que las fuerzas armadas apoyen a la policía.
La decisión de Guillermo Lasso incluso restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en las manifestaciones en las que ocurran hechos violentos. Se trata del tercer decreto del mandatario derechista desde el inicio del paro nacional. Las movilizaciones son convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Los sindicatos de trabajadores y diversas organizaciones sociales apoyan a la Conaie. La entidad asegura que mantendrán las movilizaciones de forma indefinida hasta que el gobierno acepte sus peticiones. El periódico El Universo detalla que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, logró que el ejecutivo no incluyera a la provincia de Pichincha en la medida.
