Cuando Gustavo Petro jure este domingo como presidente, la política colombiana ya no será la misma. En primer lugar, porque por primera vez en la historia un líder izquierdista gobernará dicho país. Además, este nuevo período implica la llegada al poder de Francia Márquez, la primera vicepresidente afrocolombiana y así, la asunción de una fórmula que promete reformas estructurales en los ámbitos sociales, culturales, ambientales, de género y de seguridad.
Pero a pesar de que para gran parte de la opinión pública el arribo de Petro a la Casa de Nariño abre un período sin precedentes, el presidente entrante deberá enfrentar problemas severos y estructurales, algunos incluso con más de 60 años de antigüedad.
Uno de ellos, y quizás el más complejo de todos, es la violencia guerrillera y paramilitar que todavía atormenta al país. Si bien los Acuerdos de Paz con las FARC, el grupo insurgente más grande de América Latina, generó una merma importante en los niveles de violencia, esto no significa en absoluto que el conflicto armado haya cesado. Incluso, una importante facción de las FARC, compuesta por 5000 soldados, no se acogió a los Acuerdos de Paz de 2016 y fundó una facción separada denominada “disidencias de las FARC”. El jueves pasado, en un giro inédito, la agrupación anunció que estaba dispuesta a iniciar un proceso de diálogo con el gobierno de Petro y Márquez.
Sin embargo, las disidencias no es el único grupo guerrillero con actividad en el país. Además del ELN que tiene una fuerte presencia en el norte occidental y del grupo paramilitar El Clan del Golfo, las propias FARC todavía siguen operando en ciertos sectores del interior del país tras denunciar que la administración de Duque no cumplió con su parte del acuerdo.
Según estimaciones de la Cruz Roja Internacional, solamente en 2022 más de 480 personas han fallecido y 53.000 personas han tenido que desplazarse de su lugar de origen como consecuencia del conflicto armado. Durante más de 60 años Colombia fue el país con mayor cantidad de desplazados internos del mundo, solamente siendo superada en la actualidad por Ucrania producto de la invasión sufrida en su territorio desde febrero.
La violencia guerrillera supone un desafío en varios planos para el próximo gobierno. En primer lugar, su ideología de izquierda genera un interrogante con respecto a qué relación tendrá con estos grupos armados. ¿Cuál será el discurso de Gustavo Petro y en qué diferirá con respecto a todos los presidentes derechistas anteriores? Pero al mismo tiempo, en caso de que la nueva gestión tenga que militarizar ciertas zonas del interior del país, ¿su ideología de izquierda no limitará su accionar en torno a la defensa y la seguridad?
El factor Venezuela. La realidad guerrillera colombiana no es un problema que se circunscribe al territorio interno de este país sino que trasciende sus fronteras, especialmente hacia Venezuela. En varias oportunidades el presidente saliente Iván Duque denunció con firmeza que los grupos ilegales, entre los que también se incluyen los cárteles de narcotráfico, subsisten gracias al financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, controlar la violencia guerrillera no solamente significa devolverle, por fin, la paz y la estabilidad a la sociedad colombiana, sino también determinará el futuro del vínculo con Venezuela en un momento crucial ya que la llegada de Petro al poder podría significar el retorno a las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde 2019.
Pero la historia en común y los más de 2.200 kilómetros de frontera no son los únicos vínculos que hoy enlazan a los gobiernos de Colombia y Venezuela. Desde hace más de quince años Colombia es el principal destino de los ciudadanos venezolanos que huyen de su país. Cuando Petro llegue a la Casa de Nariño deberá enfrentar la crisis migratoria y humanitaria más importante de la historia de la región ya que en su país residen casi 2 millones de venezolanos, la mitad de ellos indocumentados. Y a diferencia de muchos líderes americanos que, influidos por un clima de xenofobia, deciden expulsar a los inmigrantes y devolverlos a sus complejas condiciones de vida, las determinaciones que tome Petro no serán tan sencillas.
Elegir el camino de las deportaciones lo dejaría muy mal posicionado frente a otros líderes progresistas del continente mientras que no tomar ninguna decisión implicaría seguir sometiendo a los venezolanos a enormes desigualdades en territorio colombiano. Pero profundizar el Estatuto Temporario de Protección a los Migrantes Venezolanos (ETPMV) significaría continuar con la política migratoria de Iván Duque y en paralelo enfrentarse a su par Nicolás Maduro que rechaza sistemáticamente la existencia de una diáspora bolivariana.
En el plano interno, los desafíos tampoco son sencillos. En términos institucionales, la relación de Petro con el Congreso será uno de los grandes interrogantes que marcará su gestión. Si bien nunca antes en la historia la izquierda tuvo tantas bancas como ahora, los legisladores propiamente oficialistas no alcanzan ni el 33% de los escaños. Esto llevó a Petro a negociar con otros bloques y lograr una coalición tan multipartidaria que contiene incluso a partidos de centro derecha, en una situación similar a la que tuvo Duque cuando asumió con un 19% del Congreso.
Mantener unida una coalición tan heterogénea ideológicamente será un reto importante para el mandatario especialmente en un contexto de polarización y fragmentación partidaria como la que atraviesa Colombia en la actualidad. Sabemos que durante el período de “luna de miel” los incentivos para apoyar al presidente serán mayores, pero resta saber qué pasará cuando existan divergencias dentro de la coalición en torno a las reformas estructurales que propone el jefe de Estado. Paradójicamente, concretar o no esos cambios sustanciales va a depender casi exclusivamente de la aprobación por parte del Congreso.
Expectativa e incertidumbre.La llegada de Petro a la presidencia tiene la misma cuota de expectativa como de incertidumbre. Para gran parte de la opinión pública este fin de semana asume un líder distinto que permite abandonar el uribismo que caracterizó la política colombiana desde principios del siglo XXI. Pero para otros, la figura de Petro despierta miedo e incertidumbre.
En este contexto nos preguntamos, ¿qué versión del presidente prevalecerá? ¿El moderado que emergió durante la campaña presidencial o el ex guerrillero que se desmovilizó hace 30 años? ¿El conciliador o el que quiere generar transformaciones estructurales? ¿El que necesita la concertación con otras fuerzas políticas o el que gobernará para su núcleo duro?
Si basamos nuestro análisis en la conformación de su gabinete, poco podremos saber al respecto. Entre sus funcionarios encontramos ministros centristas y tradicionales como el caso de José Antonio Ocampo que estará al frente de la cartera de Hacienda que ya se ha pronunciado a favor de reducir el gasto público y lograr mesura fiscal.
Sin embargo, la llegada de otras figuras polémicas, como Iván Velazquez en Defensa, también provocaron un sismo político especialmente en los sectores de la oposición debido a su explícita enemistad con el ex presidente Uribe. Velazquez tendrá en sus manos, entre otras funciones, la decisión sobre el futuro de la policía y del ejército colombiano en el marco de un conflicto armado que parece interminable.
Petro recibe un país con un presente delicado. A los problemas políticos e institucionales se suman los conflictos sociales que incluyen un 40% de los colombianos en situación de pobreza, un 11% de desempleo y un 30% de la población trabajando en la informalidad. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia y es actualmente el tercer país más desigual de la región. Sin embargo, este domingo se abre una nueva era y toda América Latina estará observando.
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