Esta semana, Nicolás Maduro celebraba las cifras de dos dígitos de la recuperación económica de los primeros trimestres de 2022 frente a todo el gremio empresarial reunido en el Palacio de Miraflores. En la calle, los venezolanos pasaban una semana de tensión viendo cómo el dólar se disparaba día tras día y con ello los precios.
El tipo de cambio oficial aumentó un 12% de un día para otro esta semana y acumula un 35% de incremento solo en el mes de agosto. La política de contención con la que el equipo económico de Maduro ha doblegado a la inflación hace aguas. El Gobierno chavista ha aplicado una estrategia de alto costo. Por un lado, el mercado crediticio ha sido arrinconado con la imposición de un elevado encaje legal que ha dejado sin financiamiento al sector productivo y a más de un millón de tarjetahabientes sin opciones de comprar, para así reducir la oferta de bolívares. También ha sacrificado el salario de los trabajadores. Con inyecciones de dólares al mercado, en las que se han quemado las reservas internacionales, ha logrado hacer desaparecer la hiperinflación y, durante este año, mantener el cambio estable, hasta ahora. En casi todo 2022 el dólar se ha mantenido a una tasa alrededor de los cuatro bolívares.
Hasta hace muy pocos años, comerciar en dólares era ilegal en Venezuela, donde el Gobierno impuso restricciones a la venta de divisas por 15 años. En 2019 una apertura no decretada terminó de empujar una dolarización obligada por la debacle económica. A la crisis cambiaria de esta semana, el chavismo ha salido a la ofensiva. Maduro llamó al pueblo “al combate del dólar paralelo”, aunque el oficial también vivió el alza. El fiscal Tarek William Saab amenazó con imputar a los comerciantes que vendieran a una tasa distinta a la del Banco Central de Venezuela. Una declaración que reeditó los temores de los años de los controles de precios y la fiscalización agresiva de comercios. El Tribunal Supremo de Justicia, a donde los trabajadores acudieron para exigir la derogación de la llamada norma Onapre, esta semana desestimó sus demandas y multó a quienes introdujeron la solicitud de nulidad, un grupo de pensionados y jubilados de una institución pública.
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