La delegación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó a la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para Venezuela de «calumniar» al Gobierno del país con sus nuevos informes presentados, por lo que pidió que el mandato de esta misión no sea renovado.
«Rechazamos categóricamente en fondo y forma los supuestos informes», destacó en su intervención tras la presentación del documento el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, quien aseguró que la misión «se ha superado nuevamente en la ficción que construye sobre la realidad de mi país».
El diplomático puso como ejemplo del «proceder agresivo y calumnioso» de la misión el hecho de que los informes se presentaran en rueda de prensa seis días antes de llevarse al Consejo, «para complacer a la canalla mediática transnacional, cuyos buitres sólo pueden complacerse con titulares altisonantes».
Uno de los informes presentados acusa a los órganos de inteligencia civil y militar de Venezuela, el Sebin y la Dgcim, de crímenes de lesa humanidad, y otro denuncia graves violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, en el contexto de la explotación de oro en la región.
El informe sobre la inteligencia venezolana «traspasa los límites de lo indecible, con acusaciones al presidente» Nicolás Maduro, aseguró Constant.
El embajador también afirmó que las fuentes de los informes, elaborados con 246 entrevistas (muchas de ellas confidenciales), «son personas de existencia incierta, que nadie puede constatar».
Constant concluyó rechazando la misma existencia de la misión, «un tipo de mecanismo paralelo que sólo alienta a reincidir en los intentos de desestabilización de mi país», por lo que pidió a los 47 países miembros del Consejo (entre ellos la propia Venezuela) a tomar medidas «contra la prolongación de este mecanismo injerencista».
La misión de investigación, formada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, fue creada por orden del Consejo de Derechos Humanos en 2019, y concluye su mandato este mismo mes, aunque el órgano de la ONU podría, si logra mayoría de votos, renovarlo para dos años.
Diversos países de la Unión Europea, entre ellos España, intervinieron en el turno de comentarios y preguntas para pedir esta renovación, aunque otros, como Cuba o Rusia (expulsada del Consejo en abril pero que puede participar en los diálogos interactivos) rechazaron esta posibilidad.
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